“La ley aprobada en El Salvador, establece penas de 20 a 35 años para feminicidio y casos de feminicidio agravado, que en ciertas circunstancias como las relaciones de pareja o expareja, relación de confianza o poder o presencia de hijas o hijos en el lugar de los hechos, pueden establecer penas de 30 a 50 años de prisión. La ley feminicida en El Salvador considera los ataques con agentes químicos como intento de feminicidio.” Apuntó Roxana Delgado.

Para el buen funcionamiento de diferentes instancias que garantizaran una respuesta efectiva en los casos de ataques con agentes químicos, se han implementado buenas prácticas en El Salvador, que incluyen unidades de atención especializadas con equipos profesionales que brindan atención con enfoque de género y reglas que se deben cumplir, como por ejemplo que ninguno de los profesionales que atiende casos de violencia contra las mujeres puede tener antecedentes de denuncias por violencias de género. También, penas de 2 a 4 años para los servidores públicos que obstaculicen el servicio.

Otras buenas prácticas, se relacionan con la contraloría social desde la sociedad civil, los presupuestos etiquetados que son exclusivos o específicos para los servicios especializados en la atención a estos casos y el acceso a la justicia con tribunales especializados en violencias feminicidas, que han tenido resultados contundentes: de 100 casos presentados, 90 han sido judicializados y condenados. “Hay que combatir la impunidad y que los agresores no estén en la calle y las mujeres discriminadas”. Señaló la experta Delgado.

En relación con la situación de la problemática en Colombia, Roxana Delgado afirma que: “ … es preocupante la situación del país, se requiere atención especializada en salud, leyes nuevas, difusión para que se conozcan las leyes, presupuestos, fortalecimiento de capacidades de las entidades y apertura de servicios especiales para las mujeres. También interdisciplinariedad en los servicios con protocolos, alianzas, convenios entre salud y justicia. Los medios de comunicación pueden generar alianzas como actores estratégicos para dar mensajes de prevención sobre el tema y visibilizar la problemática desde un enfoque que no sea la revictimización hacia las personas sobrevivientes”.

Dentro de las conclusiones que la experta salvadoreña realizó en su ponencia, resaltó: “la situación de violencias con ácido no es problema solo de las mujeres, debe haber una voluntad expresa de gobiernos, medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto. La mejor campaña de prevención es combatir la impunidad, no se puede seguir permitiendo que estos casos sigan siendo considerandos como lesiones menores…es claramente un mensaje de impunidad que tenemos que romper”.