Jaf Shah hace un resumen de la problemática en algunos países en los que trabaja la organización a la que pertenece, él señala que en el año 2010 Bangladesh introdujo una nueva ley para el control de ácidos y para la distribución y venta de las sustancias. En 2002 se habían registrado 496 casos de ataques de este tipo y diez años después se registraron 78 casos, lo que indica que hubo una reducción del 75% de los casos con la nueva ley.

En Pakistán se registran 250 ataques por año, de los cuales el 70% fueron en contra de las mujeres. La relación con Colombia es de un número muy alto de casos, teniendo en cuenta que la población es mucho menor en Colombia. En India y Afganistán se registran 1000 ataques por año. “En Bangladesh, Pakistán y Camboya ya hay leyes establecidas para los casos de ataques con agentes químicos, estas leyes tuvieron efecto en la disminución de casos, pero las leyes por si solas no son suficientes para obtener resultados efectivos, necesitamos dar un mensaje claro de cero tolerancia contra esta violencia y contra la discriminación de género”.

En Camboya hubo un proceso exitoso de judicialización en este tipo de casos, en India se emprendieron acciones legales contra el gobierno nacional por no actuar en contra de los atacantes, por tal motivo se tuvo que cambiar la legislación con respecto a ese tema. “en los ataques con agentes químicos, hay bastantes similitudes entre Colombia y otros países, inclusive con países desarrollados, el hecho que predomina es la discriminación contra las mujeres, quienes son las más afectadas. Establecer una legislación es la solución que hemos tenido para solucionar la problemática, también es la solución a largo plazo con respecto a la violencia de género” puntualizó Jaf Shah.

Las recomendaciones que da el experto para tratar los casos de ataques con agentes químicos, están también relacionadas con revisar previamente las sanciones que ya existen e indagar acerca de por qué se producen los crímenes. Además señala que debe existir participación activa de la sociedad y el rol principal del gobierno para restablecer los derechos de las y los sobrevivientes: “el primer paso es identificar las falencias, luego generar debates para la implementación y fortalecimiento de la ley…se requiere la participación de todos, un compromiso real de las instituciones, la policía y el sistema judicial, sensibilización a nivel general con las comunidad. Si no se sensibiliza se van a incrementar los casos… es una solución muy compleja y la inversión de recursos también es clave”.