Aunque las amenazas no son hechos novedosos en la historia de un país dividido históricamente en bandos irreconciliables para justificar las guerras, esta vez llaman la atención el número de personas, casi un centenar, a quienes se intimida con el exilio o la muerte; el incremento de mujeres en estos listados; la precisión del señalamiento como defensoras de derechos humanos y promotoras de paz, y la coyuntura política que rodea las intimidaciones, caracterizada por el avance en las negociaciones entre gobierno e insurgencia para poner fin al conflicto armado y la proximidad de un período electoral que enfrenta el reto de ampliar la democracia en un horizonte de paz o reducirla al tamaño de la palabra.
La violencia es pensada y dirigida estratégicamente; tras toda amenaza reside la intención de desestabilizar la actividad de las personas, interferir las dinámicas organizativas y frenar la acción colectiva, porque los señalamientos son individuales en los listados y colectivos en sus enunciados iniciales; el impacto social que busca, una vez más se orienta a perpetuar el miedo y a mantener la confrontación en clave de guerra. De ahí que haya sido tan importante la respuesta inmediata y solidaria de las organizaciones, redes y plataformas de derechos humanos y de paz, así como la alerta institucional en los niveles distrital, nacional e internacional. Un mensaje de esperanza para el tiempo que seguirá a los acuerdos de paz y una expresión de la voluntad política para lograrla será la respuesta pronta y efectiva del Estado, a través de las instituciones competentes en materia de investigación y sanción a los responsables.
2. Mujeres, paz y derechos humanos: el sentido político de las acciones cotidianas
Promover, defender y garantizar los derechos humanos y los derechos de las mujeres son premisas para construir una paz incluyente, integral y sostenible. De este enunciado derivan muchas de las acciones que día a día en sus territorios y en sus comunidades realizan las lideresas hoy perseguidas, precisamente, porque su acción transformadora en la práctica diaria ha logrado ampliar el sentido de lo político, desde su visión del mundo, de la sociedad y su conocimiento de la vida concreta de las personas. Este hecho, percibido como ejercicio de autonomía transgrede los órdenes establecidos y escapa al control que intenta imponerse sobre los cuerpos, las mentes y los sueños de las mujeres.
Las organizaciones, grupos y redes de mujeres se han movilizado en repetidas oportunidades exigiendo su reconocimiento como actoras políticas en la construcción de la paz; por esta razón hoy son hostigadas de manera sistemática por sectores opuestos a una solución negociada que ponga fin a la confrontación, debido a que de su continuidad derivan todo tipo de ganancias económicas, políticas, de control social y simbólico.
Especialmente en esta coyuntura, saludamos las voces de diversos sectores sociales que han expresado su rechazo a cualquier acto de violencia contra líderes y lideresas como un atentado contra el conjunto de la sociedad, y el respaldo institucional brindado por sectores de la Administración Distrital, las Comisiones de Paz de Senado y Cámara del Congreso de la República y las Oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del ACNUR y otras agencias de cooperación internacional. Algunas de las cuales hacen suya la demanda permanente de las organizaciones de mujeres para que frente a las amenazas y violencias contra las lideresas y defensoras, se concrete un plan de prevención y protección que garantice la continuidad de su trabajo; dicho plan deberá ser construido con las mujeres para que su voz, su experiencia y su diversidad se vean reflejadas en las medidas propuestas.
Uno de los ejes estructurantes de la Política Pública de Mujeres es el Derecho a la Paz y Convivencia con Equidad de Género, a través de procesos y acciones orientadas a la prevención, atención, protección, sanción y reparación a mujeres víctimas del conflicto armado interno, la promoción de una cultura de paz y la visibilización de la memoria e identidad social de las mujeres (Decreto 166 de 2010, artículo 9°), con las cuales están comprometidos todos los sectores que conforman la Administración Distrital.
La Secretaría Distrital de la Mujer insiste, ahora más que nunca, en promover la participación y representación de más mujeres en todos los temas que llenan de contenido la paz. En este sentido, adelanta procesos y actividades como la declaración de la Década Distrital de los Derechos Políticos de las Mujeres que se concretó en la firma de un Pacto de Corresponsabilidad con la Política Pública de Mujeres; la puesta en marcha de la “Escuela de Formación Política “Por el derecho de las mujeres a gobernar la ciudad”; y facilita el proceso de elaboración de una Agenda Ciudadana de las Mujeres para la Construcción de Paz en el Distrito, de manera que el pensamiento, el conocimiento y las propuestas de las mujeres se incluyan en los temas vitales para que la Bogotá Humana sea en realidad un territorio de paz.
