Para las diversas expresiones del movimiento social de mujeres el 8 de marzo es una fecha de conmemoración, de reflexión y de reivindicación. Se conmemora la vida y la lucha de las mujeres trabajadoras que aportaron de manera invaluable a la dignificación del trabajo obrero. Se reflexiona sobre las formas de desigualdad y opresión que aún se expresan en la vida de las mujeres. Se reivindica el sentido político de la acción colectiva como el medio de lucha para avanzar en la construcción de condiciones de vida más dignas y justas para todas las mujeres, en sus diferencias y diversidades.
Garantizar los derechos políticos de las mujeres es un imperativo porque ninguna sociedad puede llamarse a sí misma democrática si sus ciudadanas no están incluidas en la comunidad política como participantes de pleno derecho.
Aunque las mujeres han sido protagonistas de las principales luchas políticas por ampliar la democracia, la ciudadanía y por transformar todas las condiciones sociales injustas, su papel y sus aportes quedan ocultos tras una realidad de discriminación, opresión y exclusión.
Las mujeres de sectores populares, negras afrodescendientes, indígenas, víctimas del conflicto armado, gitanas, lesbianas, bisexuales y transgeneristas, mujeres rurales y campesinas, jóvenes, con discapacidad y aquellas que cuidan a personas dependientes, tienen para su ejercicio político un escenario hostil, en razón de las condiciones y dinámicas que movilizan estructuras sociales e institucionales político/electorales.
Más que seguir buscando qué les falta a las mujeres para ser parte de la toma de decisiones colectivas desde el poder político, se deberían indagar las dinámicas del régimen político, del sistema electoral y de los partidos políticos, que impiden el pleno goce de los derechos políticos de las mujeres.
Las cifras en la ciudad muestran que en Juntas Administradoras Locales y el Concejo Distrital los porcentajes de participación de las mujeres son muy bajos, sin contar con que nunca ha habido una Alcaldesa elegida directamente por voto popular. Esta poca presencia contrasta con un movimiento de mujeres vital, con innumerables expresiones organizativas que impulsan procesos participativos desde sectores populares, comunitarios, estudiantiles, feministas, entre otros, que no encuentran lugar en ningún partido ni movimiento político, básicamente porque no incorporan sus agendas ni las incluyen en sus listas ni como candidatas.
Esta escasa participación y representación se da a pesar de que en Colombia se cuenta con dos instrumentos normativos que tienen como objetivo la inclusión política de las mujeres: La ley 581 de 2000 “por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público” y la Ley 1475 de 2011, “por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.
La primera norma se circunscribe a cargos de designación y no de elección y diversas evaluaciones han mostrado que no tiene un mecanismo efectivo de control por lo que su cumplimiento ha dependido más de la voluntad de las y los gobernantes más que de la fuerza de la Ley. La segunda norma, se relaciona con las medidas de cuotas, y observando sus efectos en estos escasos tres años, se puede afirmar que su impacto además de ser mínimo o apenas moderado en términos de la inclusión, es insuficiente, en tanto para que una medida de este tipo tenga éxito se requiere combinarla con otras que contribuyan a disminuir las barreras de entrada de las mujeres al juego electoral y a incentivar su sostenibilidad en él.
La Secretaría Distrital de la Mujer ha declarado desde el 2014 la Década Distrital por los Derechos Políticos de las Mujeres en el entendido que aún persisten obstáculos como los enunciados, que se deben transformar para el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres. También reconoce que hay otras condiciones más propias de las experiencias cotidianas y materiales de las mujeres que restringen el ejercicio pleno de estos derechos, como es el conocimiento de las reglas y las dinámicas electorales. Por ello la SDMujer ha asumido el reto de implementar una Escuela de Formación Política que busca construir conocimiento colectivo entre mujeres acerca del sistema político colombiano y la participación política y ciudadana. Para el año 2014 contó con una inscripción de cerca de 600 mujeres y una participación activa y permanente de algo más de 200 mujeres de todas las localidades del Distrito. En 2015 esta Escuela continuará con una segunda etapa en la cual además de prepararlas en técnicas de campañas electorales, desarrolla temas orientados a fortalecer los liderazgos de mujeres diversas de todos los partidos y movimientos políticos en competencia.
De otra parte, la SDMujer ha impulsado la construcción y refrendación de un Pacto de Corresponsabilidad que busca establecer un acuerdo entre representantes políticas, lideresas y servidoras públicas quienes de manera voluntaria e informada firmaron un pacto político que compromete sus voluntades en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres en el Distrito Capital.
Otra tarea que compromete la acción de esta Secretaría es la elección de representantes al Consejo Consultivo de Mujeres conformado por representantes elegidas directamente por mujeres de 41 sectores (Decreto 224 de 2014), así como su fortalecimiento como máxima instancia de diálogo político entre las autoridades Distritales y las ciudadanas.
Con estas y otras estrategias la Secretaría Distrital de la Mujer se propone aportar en la construcción de condiciones para avanzar en la inclusión y la representación política de las mujeres. Sin embargo reconoce que a nivel individual y colectivo las mujeres han creado estrategias para abrirse paso y superar las barreras formales e informales a su participación.
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¡Avanzan las mujeres, avanza Bogotá!
