A un paso para endurecer las penas con ataques de agentes químicos
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Publicado el Jueves, 01 Octubre 2015 16:46
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Aunque la iniciativa ha estado a punto de hundirse y en medio del lamentable ataque del que fue víctima Yenny Marcela Roa, la Comisión Primera del Senado, aprobó por unanimidad en tercer debate, el proyecto de Ley 171 de 2015, el cual pretende endurecer las penas para los ataques con agentes químicos.
El proyecto presentado este 29 de septiembre, y al que le queda solamente un debate en la plenaria del Senado para convertirse en Ley de la República, fue trabajado mancomunadamente por una comisión de ponentes integrada por los diferentes partidos, quienes después de escuchar en audiencia a las víctimas decidieron hacer ajustes a la ponencia para que continúe su curso.
Dentro de las modificaciones se propone una Política Pública para eliminar los ataques con agentes químicos en la que se contemple la atención a las víctimas de este delito de manera integral, teniendo en cuenta la vida personal, laboral y social, de igual manera profundizar en la sanción social y la puesta en marcha de un banco de órganos, dando así un alcance más amplio al proyecto que no se limite solo a lo penal.
Las justificaciones señaladas en la ponencia para el aumento de penas destacan varios puntos entre los que se encuentran:
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Los daños permanentes, irreversibles, y de profunda incidencia en todas las esferas de la persona, tanto a nivel físico, como en el entorno social, laboral causados a las víctimas.
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Las mujeres jóvenes, de bajo nivel socioeconómico y bajo nivel académico, tienden a ser más víctimas de este tipo de agresiones como consecuencia de un castigo social o una venganza. En Bogotá los ataques con agentes químicos presentan un patrón similar al de los países en desarrollo: mujeres con bajo nivel socioeconómico, sin educación o con escasa formación básica, y en situación de dependencia económica.[1]
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Las penas terminan siendo irrisorias, en ocasiones no son contundentes, y adicionalmente se presentan rebajas por aceptar cargos o negociar con la Fiscalía, esto sin tener en cuenta otros beneficios que puedan otorgarse durante la ejecución de la pena.
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Mientras una mujer este siendo víctima de este delito, se deberá realizar permanentemente esfuerzos institucionales para acabar esta expresión de barbarie, la cual deja muy mal tanto al Estado como a la sociedad si estos, se quedan estáticos frente a su realización.
Es así como el proyecto de ley propone un tipo penal independiente, en el que se penalice toda agresión con agente químico, ácidos y sustancias similares hasta con 40 años, comparada con la misma pena del homicidio agravado. Esta tipificación busca evitar la impunidad, frecuente en la mayoría de ataques, cuando el victimario busca acceder a beneficios, como la sustitución de la pena, valiéndose de maniobras fraudulentas para que los dictámenes determinen su inimputabilidad.
De igual manera, la ley busca que los operadores judiciales tengan elementos de juicio para aplicar la tentativa y no apliquen otros tipos penales que pudieren resultar blandos al agresor, teniendo en cuenta que los ataques se convierten en una práctica que busca causar un daño irreparable y de carácter permanente en otra persona.
Entre tanto la Comisión Séptima de Senado llevó a cabo un debate de control político, con el propósito de analizar la atención de las víctimas con ataques químicos, resaltando entre las principales razones de la agresión la violencia de género, intrafamiliar y la intolerancia social.
Se estableció la necesidad de replantear el tratamiento brindado a las víctimas para aminorar el impacto personal, familiar, económico, social, que deja secuelas que se evidencian en el trato social, la crisis de una nueva realidad y el duelo que debe afrontar la victima durante las etapas de reconstrucción y rehabilitación, así como en los casos de discapacidad funcional, parcial o total en su cuerpo.
En el debate también se enfatizó sobre el débil acceso a la justicia por parte de las víctimas, el restablecimiento de sus derechos y la discriminación permanente, además de la necesidad que el Estado adquiera el registro del medicamento diphoterine,(de venta en Francia) para la recuperación del tejido de las víctimas.
[1] Mannan A, Ghani S, Clarke A, Butler P. Cases of chemical assault worldwide: a literature review. Burns 2007;33:149-54
