Laura Verenice Ramos de 17 años, estudiante, empleada de un restaurante desapareció el 21 de septiembre de 2001; Claudia Ivette González de 20 años, empleada de una empresa maquiladora despareció el 10 de octubre de 2001; Esmeralda Herrera Monreal, empleada del hogar, de 15 años, desapareció el 29 de octubre de 2001. Todas ellas habitantes de Ciudad Juárez, México, fueron encontradas muertas el 6 y 7 noviembre de 2001 en el lugar conocido como Campo Algodonero y a partir de su muerte, se motivaría la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha sido considerada como emblemática en los casos de feminicidio.

En el marco del Encuentro Internacional de Prevención, Investigación y Sanción del feminicidio, realizado por la Secretaría Distrital de la Mujer, se presentó a través de las ponentes Karla Michelle Salas^[1] y Julia Monárrez Fragoso^[2] la histórica sentencia de Campo Algodonero y los elementos que son obligatorios y vinculantes al Estado Colombiano y a sus autoridades, quienes tienen la obligación desde el poder legislativo, de adoptar disposiciones de conformidad con la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

Desde 1993 un grupo de organizaciones, madres, feministas, académicas, entre otras, comenzaron a denunciar que existía un patrón de violencia sistemática en contra de las mujeres en Ciudad Juárez, México. Las mujeres eran desaparecidas, muchas de ellas víctimas de violencia sexual y posteriormente sus cuerpos eran encontrados torturados, arrojados en los espacios públicos y en el desierto.

A partir de dicho año, Esther Chávez Cano fundadora de una organización civil junto con otras compañeras, empezaron a contabilizar a las mujeres asesinadas y encontradas, documentaron los casos a través de las noticias publicadas en el periódico, hallando que en su mayoría eran mujeres jóvenes, encontradas en ocasiones de manera individual y en otras de manera colectiva.

Las organizaciones, madres, feministas, académicas, comenzaron a denunciar en todo México lo que sucedía, sin embargo las autoridades estigmatizaron a las víctimas tratando de minimizar los crímenes y responsabilizando a las mujeres víctimas, con argumentos como: “deben ser prostitutas, consumir drogas o usar ropa que incita a la agresión”, razones que llevaron a que el movimiento de mujeres iniciara su denuncia a nivel internacional y se manifestaran públicamente en las calles para exigir justicia.

Las madres de las tres víctimas junto con sus familias y organizaciones de mujeres presentaron denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, alegando la responsabilidad internacional del Estado en la desaparición y asesinato de las tres mujeres, enmarcados en las violaciones a la Convención de Belém do Pará, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana.

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[1] La Dra. Karla Michell Salas es abogada, feminista y defensora de los derechos humanos. Especialista en derechos humanos de las mujeres, integrante del Consejo de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC), una asociación civil de familiares de mujeres y niñas asesinadas en el Estado de Chihuahua. Desde el año 2004 coordinó el trabajo jurídico de la representación de las víctimas, en el caso “Campo Algodonero vs. México”, primer caso de feminicidio presentado ante la Corte Interamericana. Conferencista en países como Alemania, Finlandia, Guatemala, Honduras, España, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, entre otros. Ha sido reconocida con el Premio Europeo de Derechos Humanos 2010, entregado por el Consejo de la Abogacía Europea por su trabajo en la defensa de los derechos humanos; la medalla Omecíhuatl, entregada por el Instituto de la Mujer del Distrito Federal. En 2009 fue considerada por el Periódico español “El País” una de las 100 personas más influyentes de Iberoamérica.

[2] La Dra. Julia Monárrez Fragoso es Doctora en Ciencias Sociales; Profesora investigadora de El Colegio de la Frontera Norte. Autora de la publicación Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez por la que recibió el Premio García Cubas a la mejor obra científica. Co-editora de Cities and Citizenship at the U.S.-Mexico Border: The Paso del Norte Region. Co-coordinadora de las obras: Bordeando la violencia contra las mujeres en la frontera norte; Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez y Geografía de la violencia en Ciudad Juárez. En año el 2009 participó con un Peritaje sobre feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez en el juicio en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano por el caso González y otras vs México - Campo Algodonero. Becaria del programa Fulbright-García Robles para investigadoras mexicanas 2014-2015. Panelista en la sesión 29 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra Suiza, junio 2015.