La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, define la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada (…) la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra.”

Pese a los lugares ganados por las mujeres en materia de derechos, el ejercicio de los mismos se ve socavado por la presencia y amenaza permanente de las violencias en los espacios cotidianos de sus vidas. Señala Ana Falú que precisamente “el temor a la violencia, la falta de confianzas, los miedos frente al posible ataque a la integridad física están mucho más presentes en las mujeres”^[1] y en el mismo sentido, refiere como condición de su libertad y como derecho, el preservarles la integridad física y emocional.

Las relaciones desiguales entre mujeres y hombres son la causa estructural de las violencias, históricamente sostenidas en normas sociales y simbólicas que las justifican. En el mismo sentido, dichas relaciones se desarrollan en el contexto dado por las características específicas de los territorios que habitan y por los que transitan las mujeres, así como por la singularidad de los significados que se atribuyen al espacio material, simbólico, subjetivo y social. En estos espacios cotidianos tienen lugar las violencias contra las mujeres, es en ellos donde se vulnera el derecho a una vida libre de violencias.

La seguridad para las mujeres significa no sólo la ausencia de criminalidad o delitos en el espacio público, también se refiere a una forma de concebir y hacer posible el ejercicio pleno de los derechos humanos. Así, la seguridad humana para las mujeres implica abordar los aspectos políticos, institucionales, sociales y las condiciones de desigualdad económica y social, sumados a aquellas discriminaciones de tipo racial, étnico, de orientación e identidad sexual y de género, la pertenencia rural o urbana, la edad, que se hacen específicas ante situaciones de riesgo y de ejercicio de las violencias.

En ese sentido, es fundamental reconocer que la violencia en sus múltiples formas va debilitando la ciudadanía de las mujeres, limitando su capacidad de reacción, y el empoderamiento, que como señala Lagarde “es un camino efectivo y sólido de las mujeres que conduce a la salida y la eliminación de sus cautiverios que las enajenan personalmente y como género (…) Empoderarse es un proceso de generación y acopio de poderes vitales que permiten independencia y autonomía (autosuficiencia), material, social, subjetiva (intelectual, afectiva) y ética.”

Lo personal es político, señaló Kate Millet en 1970. Su afirmación no sólo puso en evidencia la falsa dicotomía entre la esfera pública y privada en la que transcurre la vida de las mujeres, sino que visibilizó el contenido político del ámbito privado- que tradicionalmente se consideraba ajeno a la política- en el que se desarrollan las relaciones de poder que están en la base del resto de las estructuras de dominación. Ello ha significado para las mujeres la necesidad de incluir en la agenda pública de seguridad los asuntos que por un lado, desbordan el abordaje tradicional de las violencias contra las mujeres en el ámbito de la familia como un lugar íntimo y lejano a los asuntos de interés público, y por otro lado en entender y reconocer los límites del abordaje de la seguridad urbana (y por tanto también de la ruralidad) dado que el espacio público es otro escenario donde ocurren las violencias contra las mujeres.

La apuesta es entonces por posicionar la seguridad de las mujeres en el sentido de garantizar el uso, apropiación y disfrute de espacios públicos y privados como ámbitos para vivir en equidad, con igualdad de oportunidades, sin violencias y sin miedo. Una ciudad segura para las mujeres además de recoger sus intereses, debe involucrar el desarrollo de acciones para la prevención, atención y seguimiento de los distintos tipos violencias, de manera que se fortalezca el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres que habitan el Distrito Capital y se desnaturalice el uso de las violencias contra ellas.

Lea aquí nota Conmemorar para erradicar la violencia contra las mujeres en Bogotá.

Encuentre aquí el cronograma de actividades de la Conmemoración.

Sin marcas de violencias ni en nuestros cuerpos ni en nuestras mentes

[1] En: Vargas, Virginia. Espacio Público, Seguridad Ciudadana y Violencia de Género. Reflexiones a partir de un proceso de debate (200-2007). Programa Regional: Ciudades Seguras Sin Violencia Hacia las Mujeres Ciudades Seguras para Todas y Todos. Cuadernos de Diálogo. Presentación de Ana Falú. 2007