Por Martha Lucía Sánchez Segura. Secretaria Distrital de la Mujer 2015

Los retos para reducir la desigualdad y la discriminación social, económica y cultural en Bogotá, exigen reconocer los dilemas de la inclusión respecto al ejercicio de los derechos de las poblaciones históricamente excluidas de las decisiones políticas que les afectan. Asumir como valor ético y político que todas las personas son titulares de derechos reclama profundizar la noción de ciudadanía y su correlato en la construcción de lo público.

Si pensamos en la ciudadanía como el principio articulador entre los deseos, opciones y proyectos personales y las decisiones públicas que las hacen posibles, observamos un desequilibrio cuantitativo y cualitativo en el ejercicio de derechos para los sectores de población y las colectividades en razón de sus pertenencias étnico-raciales, su adscripción a los territorios rurales, ubicación geográfica, identidades de género, orientaciones sexuales, situaciones socio económicas, culturales, religiosas, ideológicas, de edad y de discapacidad, y de manera específica a las mujeres, quienes constituyen más de la mitad de la población e integran todas las colectividades.  

Optar por principios y propósitos progresistas sobre políticas de inclusión requiere dar cabida al reconocimiento de la pluralidad de actores e interlocutores que han quedado al margen de las decisiones públicas.

Otras palabras, incorporar la noción de derechos requiere redefinir el sentido amplio y activo de la participación y la representación política para que la diferencia sexual no sea obstáculo para el ejercicio pleno de la ciudadanía.

El Sector Mujeres, la Secretaría Distrital de la Mujer y la Política Pública de Mujer y Géneros

En Bogotá, el camino recorrido por las organizaciones de mujeres en sus demandas de inclusión y representación, reconocimiento y redistribución, da cuenta de un proceso histórico de lucha por la adscripción a una colectividad cuya identidad política ha excluido sistemáticamente a las ciudadanas y sus intereses políticos del modelo de gestión pública.

No obstante, la persistencia de obstáculos estructurales y barreras culturales para la realización de sus derechos y el ejercicio de la ciudadanía, la creación de la Secretaría Distrital de la Mujer en el Distrito Capital puede entenderse como una de las diversas maneras de dar respuesta posible a sus demandas, y preferencialmente, al reconocimiento de su condición de interlocutoras políticas con pleno derecho a incidir en los asuntos públicos. De esta manera, se ha dado curso a la construcción de un proyecto político-administrativo que tiene como horizonte de sentido radicalizar la democracia.

Con este propósito los procesos de construcción colectiva de una Política Pública de Mujeres y Equidad de Género –PPMYEG- en la capital han incorporado nuevos enfoques interpretativos a la gestión pública, que develan las limitaciones de una democracia representativa formal y al mismo tiempo avanzan en la construcción de una democracia incluyente, participativa y plural que se radicaliza al dar cumplimiento al mandato de las mujeres.

El enfoque de derechos de las mujeres, el enfoque diferencial y el enfoque de género constitutivos de la PPMYEG animan el proyecto humano de ciudad por cuanto interrogan la concepción universal de los Derechos Humanos, controvierten las prácticas hegemónicas de ejercicio del poder, reconocen la heterogeneidad de lo humano, su complejidad y las múltiples identidades, pertenencias y condiciones para el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Las condiciones de subordinación, exclusión y discriminación de las mujeres pueden ser leídas y aplicadas en un marco de gestión pública si se comprenden las lógicas y prácticas que sustentan y reproducen la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en razón al género y a sus articulaciones con otras formas de desigualdad.

Esta perspectiva ha contribuido a transformar la responsabilidad del Estado respecto a las políticas públicas centradas en enfoques asistencialistas hacia las poblaciones, sectores y colectividades, y de modo específico a las mujeres que forman parte de éstas, como menores de edad e incapaces de afrontar las condiciones de vulnerabilidad.

Estos enfoques estrechamente articulados, confrontan las ideologías que alimentan las políticas familitas que reproducen imaginarios, representaciones y prácticas idealizadas de la familia nuclear como modelo único, soportada en la concepción biológica del rol social delegado a las mujeres sobre el cuidado, crianza y manutención del hogar, ocultando los conflictos derivados de las relaciones de poder desiguales y de la división sexual del trabajo, así como de la diversidad histórica de las múltiples formas de organización social. Un modelo de sociedad basado en la naturalización del rol de la mujer=madre=destino histórico, encierra a las mujeres en el círculo de la violencia doméstica, y limita el ejercicio de sus derechos políticos y económicos.

El “continuum” como opción interpretativa ha permitido seguir la pista a las escisiones desde las cuales se han abordado las políticas públicas. El concepto de continuo como hilo conductor, ha guiado la búsqueda de alternativas mediante la implementación del Sistema Orgánico, Funcional, Integral y Articulador, SOFIA, proponiendo respuestas integrales, que articulen los esfuerzos, procesos, actores y escenarios interinstitucionales y sociales en el aprendizaje de nuevas rutas en las cuales tengan cabida los proyectos enmancipatorios de las mujeres y de sectores, poblaciones y colectividades que comparten formas de discriminación y exclusión.

El Sistema SOFIA, ha roto el silencio cómplice y ha hecho visible el sentido ético de los programas de atención, prevención y protección a las mujeres víctimas de violencia en tanto los criterios técnicos y operativos que acompañan la función pública de la Secretaría Distrital de la Mujer, privilegian acciones que favorezcan la construcción de la autonomía de las mujeres como sujetas políticas que ejercen la ciudadanía.

Las medidas de prevención (línea púrpura, orientación jurídica gratuita, consejos locales de seguridad para las mujeres, estrategia para prevención del feminicidio, capacitación a policía, fiscales, comisarías de familia) de atención (seis casas refugio, una casa para víctimas del conflicto armado, representación jurídica, protocolos para atención de mujeres agredidas con agentes químicos, atención psico jurídica, móvil para atención en crisis), Huellas 120 ∫ entre otras, han promovido la conciencia de derechos al demandar del Estado la garantía para ejercerlos y han mostrado que desde éste, es posible desarrollar estrategias que permiten el acceso de las mujeres a la justicia desde enfoques feministas y transformadores.